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Principios y Bases
Premisa:
El
creciente poder político de las autonomías y sus gobiernos,
más parecidos a los de taifas que otra cosa, amenazan seriamente
al Estado, a la nación española, su unidad, su grandeza
y su liderazgo, impidiéndola crecer en progreso, competitividad,
justicia, igualdad de oportunidades, esencia democrática y bienestar
social equitativo.
Conclusión:
Es
necesario una ley como ésta que ponga las cosas en su sitio,
sin necesidad de tocar, de momento, la Constitución
El
Gobierno de los Valientes está firmemente convencido de que la
proliferación de autonomías, con gobiernos propios y, en
muchas ocasiones, enfrentados o vergonzósamente aliados contra
la propia España, son un cáncer que es necesario estirpar
o, al menos debilitar hasta el punto de que quede inofensivo e inoperante.
Es decir, podrán existir todos los partidos que quieran y puedan,
podrán ser lo grandes que quieran y puedan; pero su poder nacional
no será efectivo.
En España se ha
desbordado el concepto de Autonomía |
| Es
como si los hijos procreasen a su padre |
El
sistema autonómico y su evolución a lo largo de casi 30
años, ha desbordado ampliamente el papel vertebrador que le fue
dado en la Constitución. Muy al contrario, está siendo foco
de continuos ataques a la misma y, por ende, a la propia esencia de la
nación española, con lo que vamos hacia un conflicto institucional
permanente.
El gobierno se ha dado cuenta de que es imprescindible cortar
por lo sano y de un tajo este anormal crecimiento que genera
distorsiones en lo que debiera ser la propia columna vertebral de la nación
española. Así es que vamos hacia la creación de minúsculas
nacionalidades empeñadas en destacar absurdos rasgos diferenciales
con que pretenden conseguir privilegios basados en ridículos y
anacrónicos derechos históricos.
También
se ha dado cuenta el gobierno de que los ingentes recursos públicos
que absorbe el mantenimiento del sistema político autonómico
actual están dificultando, o incluso imposibilitando, la aplicación
en inversiones reales y productivas que generen progreso y bienestar social.
Y todo ello para qué, para nada, para que se dupliquen, tripliquen,
se solapen y se contradigan innumerables leyes y normas que, en definitiva,
resultan un galimatías de dificultad y enredo creciente.
Tenemos
que cambiar la estrategia
Como
principio fundamental, el Estado Democrático, Social y Valiente
Español, proclamará la política de reconstrucción
de la capacidad, competencia y superioridad nacional de prioridad
absoluta.
El
Estado central volverá a asumir la responsabilidad y competencia
en el funcionamiento, coordinación, control y fiscalización
de aquellas áreas sensibles que afecten al correcto funcionamiento
de los sistemas públicos en toda la nación.
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La
situación actual es claramente contestada por la ciudadanía
que ve una creciente incapacitación en los órganos autonómicos
para asumir cuestiones que afectan al país, como catástrofes,
políticas generales interiores y exteriores, tratamiento global
de la inmigración ilegal, de la inseguridad ciudadana, etc....
Es
por ello que debe ser el propio estado central el que actúe como
garante y salvaguarda de la equidad y de la unidad de actuación,
precisa y correctamente dirigida.
La
unidad de acción aporta eficacia y fuerza en la resolución.
la disgregación en las actuaciones aporta torpeza, descoordinación,
altos costes y escasa eficacia.
Acción
Comprometida y Valiente
El
Gobierno lanzará una iniciativa de reconstrucción
total de todas las competencias que no se debieron exportar hacia
la regulación autonómica, ya que esta disgragación
y dejación ha generado y podría generar múltiples
ordenamientos y conflictos intitucionales.
Las
competencias legislativas en materias muy importantes han sido
cedidas sin existir una obligación constitucional expresa.
Se
seguirá el cauce constitucional para clarificar conceptos.
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Por tanto nos encontramos ante ana nueva interpretación
constitucional que permita ordenar y dirigir la capacidad política
de las autonomías; ahora sobredimensionada, frente al estado unificador
y garante.
Objetivo
nº 1 : Abolir la fuerza legislativa autonómica en cuestiones
estatales.
Objetivo
nº 2 : Reestructuración de los parlamentos regionales para
darles una dimensión adecuada y una función política
ceñida únicamente a cuestiones autonómicas.
| Fase
1
Concienciación sobre la necesidad de la unidad de acción
y criterio en ámbitos sensibles |
Fase
2
Reubicación de la competencia legislativa en el seno estatal. |
Fase
3
Reestructuración de la función parlamentaria autonómica |
| Cada
vez es más visible la necesidad de mantener una acción
conjunta y homogénea en todo el territorio nacional, que
evite discriminaciones y fallos en lo referente a eficacia, derechos
y deberes de los españloles.
Debemos
empezar a dar la vuelta a esa sensación generalizada actual
de que existe un absoluto caos institucional y legislativo, agravado
con la incorporación al cuerpo legislativo de las diferentes
reformas de los estatutos que, una vez empiecen a querer aplicarse,
entrarán en continua colisión, enfrentamiento y fricción
con las normas y leyes derivadas de la soberanía nacional.
Debemos
evitar esa sensación alarmante de ineficacia que nos va a
llegar, por lo que es necesario transmitir a inevitable necesidad
de aplicar una acción conjunta a los problemas, asuntos y
demás negocios que se resuelvan en cualquier parte del territorio
español.
Una
acción única, clara y concisa, emanada de una fuente
común y legítima , como es el parlamento nacional,
aumentará la eficacia, la seguridad y la confianza, tanto
de los ciudadanos españoles, como de los del resto del mundo.
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La
competencia legislativa sobre todas las cuestiones aplicables
al ámbito nacional será del Parlamento Nacional.
Se anularán
todas las disposiciones de los estatutos autonómicos que
entren en contradicción o fricción con la norma
estatal.
Cuestiones
fundamentales para la vida del ciudadano en todo el ámbito
nacional son todas las que no sean específicas y peculiares
de un territorio concreto.
Así
será cuestión fundamental, por ejemplo, la regulación
de la normativa sobre viviendas de promoción pública
y privada, que debe ser igual en todo el país y que ahora
no lo es.
El Estado
marcará las pautas claramente y los diferentes gobiernos
regionales deberán aplicarlas de tal manera que se garantice
la equidad.
No puede
producirse ningún conflicto de competencia ya que se señalará
expresamente que la norma estatal, su letra y su espíritu,
debe ser la que prevalezca, sin que las diversas interpretaciones
varíen o distorsionen su contenido.
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Al
tener muy definidas y restringidas sus funciones, la actividad
parlamentaria será escasa y no necesita tantos medios para
funcionar, por lo que quedará reducido a un pequeño
órgano de unos pocos representantes de los partidos elegidos.
Su labor
principal será el control de las actividades de los gobiernos
regionales que haya nombrado, así como la planificación
y aprobación de aquellos proyectos normativos y reglamentos
en los que tenga capacidad y competencia, por ser meramente de
carácter regional.
El número
de parlamentarios deberá reducirse a una quinta parte de
los actuales.
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La
eficacia política y la claridad legislativa son cuestiones
vitales para conseguir un entorno de progreso en un país.
Tener claras las cosas, ser fáciles de entender, concisas,
transparentes y que afecten a todos por igual son puntos vitales
que determinan el éxito de una nación.
Por tanto el gobierno
de los valientes quiere aplicar esos principios, que considera irrenunciables,
para dotar de garantías jurídicas y legislativas que
den seguridad a ciudadanos y empresas.
Todo el mundo debe
saber a qué atenerse sea cual sea su residencia en cualquier
parte de España, evitando las fricciones interregionales,
los conflictos entre territorios y empresas y las intrincadas legislaciones
que emanan de los diferentes parlamentos, a veces absurdas y contraproducentes
para el beneficio general.
Por eso la gestión
política de la nación, en cada una de sus partes en
que esté estructurada, será recuperada por quien debe,
el parlamento y el gobierno nacional.
Lisa y llanamente:
Se terminó con el poder autonómico.
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Como
corolario a la presente Ley, el Estado central asumirá todas las
competencias en esta materia, no pudiendo ninguna comunidad autónoma
legislar en contra o entorpecer estas acciones. Las comunidades autónomas
deberán poner todo de su parte para la correcta ejecución
y finalización de las ideass proyectadas.
El
tratamiento óptimo del conocimiento superior nos traerá
el fomento del talento y la genialidad y con ello llegará el futuro
más esperanzador.
Una
Nación,
Un Gobierno,
Unos ciudadanos
con los mismos derechos y obligaciones
Ayúdanos
a mejorar la propuesta de ley con tus opiniones
pertinentes.
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