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Principios y Bases
El
Gobierno de los Valientes es consciente de que la instrucción de
los conocimientos existentes, así como la potenciación de
las capacidades de cada individuo para alumbrar más conocimiento,
es materia de imprescindible atención por parte de las instituciones
públicas.
A tal fin ya están establecidos los mecanismos y recursos suficientes
para dotar, obligatoriamente a cada persona, de los conocimientos teóricos
y prácticos que le han de servir en la carrera de la vida. El Estado,
pues, garantiza la instrucción gratuita en los conocimientos básicos
y elementales.
Actualmente
nuestro estado del bienestar también subvenciona los estudios superiores
y facilita a todo el que haya pasado las pruebas obligatorias el acceso
a los centros de instrucción superiores: la Universidad.
Los estudios superiores
no tienen por qué estar subvencionados |
| Existen
alternativas a la Universidad Pública de más provecho |
La
universidad pública sirvió en su día
como instrumento creador de personas de alta cualificación que
la sociedad demandaba para su crecimiento económico. El alumno
accedía a la universidad para obtener un título superior
que le abría las puertas de cualquier actividad, ya fuera del sector
público como del privado.
El
estado, a través de los presupuestos de todos, ricos y pobres,
tontos y listos, pagaba una formación a fondo perdido para beneficio
particular de cada persona que lograba su carrera, perdiéndose
ese desembolso público.
El
que luego cada individuo aporte en impuestos, por el trabajo conseguido
gracias a sus estudios superiores, no es excusa, es su obligación,
como el albañil que no siguió estudiando.
Actualmente
el Estado ya no tiene por qué proteger esa área de la instrucción
superior, ya que existen multitud de instituciones y universidades privadas
que se han especializado mucho más en la enseñanza teórica
y práctica, con excelentes resultados. Así pues, la cobertura
pública a la enseñanza superior ya no es una necesidad,
de la misma manera que no se necesitan grandes televisiones públicas,
ni periódicos públicos, ni radios, ni empresas de electricidad
públicas.
El
Estado lo que debe hacer es proteger y cuidar de que el conocimiento,
el talento, la genialidad y la perseverancia en el trabajo y el estudio,
de cada individuo que esté dispuesto a desarrollarlo, no se pierda.
El Estado Valiente protegerá
el Talento |
| El
Estado Valiente velará por que surja el Genio y lo mimará |
El
gobierno de los valientes
se ha dado cuenta de que los ingentes recursos públicos que absorbe
la enseñanza pública superior no están dando
absolutamente ningún resultado. La Universidad Pública,
salvo contadas excepciones, es ineficiente socialmente
y su aportación a la sociedad que la mantiene es más bien
escasa.
Tenemos
que cambiar la estrategia
Como
principio fundamental, el Estado Democrático, Social y Valiente
Español, proclamará la política del conocimiento
superior de prioridad absoluta y de cuidado y atención
preferente por parte de todas las administraciones públicas,
dotándola de presupuestos ajustados a sus fines.
La
Universidad Pública cambiará su carácter
docente por el de centro de estudio superior, investigación
e innovación al servicio de la sociedad española.
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La
situación actual no es propicia para conseguir el objetivo. Las
universidades públicas, que es donde se albergan, se desarrollan
y se crean los conocimientos, no está respondiendo a su verdadera
utilidad pública. De hecho, la universidad pública dilapida
enormes cantidades de recursos públicos sin que se vea nada en
claro: No aporta gran cosa al crecimiento
y progreso de la sociedad y es tremenda consumidora
de presupuestos.
En
otros tiempos sí que fue fundamental el carácter público
de la enseñanza superior; pero en los actuales, en los que existen
multitud de universidades privadas que cubren y cumplen la función
de preparación del estudiante con muchísima mejor solvencia,
ya no son necesarias.
Acción
Comprometida y Valiente
Las universidades
públicas dejarán de ser centros de enseñanza
superior para pasar a convertirse en centros de alta cualificación
con fines de investigación e innovación.
Las actuales
funciones de enseñanza superior quedarán encomendadas
a las diversas instituciones, fundaciones, institutos y universidades
públicas ó privadas que competirán entre
sí.
La supresión
de la enseñanza superior pública irá acompañada,
lógicamente, de créditos públicos, para la
terminación de los estudios.
No habrá
becas a fondo perdido en la enseñanza superior. Habrá
créditos a devolver en el tiempo.
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Por tanto nos encontramos ante un nuevo concepto, un novísimo
entorno y un contexto diferente al actual.
Premisa
Básica
Las
universidades públicas no son necesarias e imprescindibles
para aportar a la sociedad el conocimiento y la instrucción
superior que demanda. Existen alternativas que lo cubren con más
solvencia.
Premisa
1ª
El
Estado no tiene por qué subvencionar los estudios superiores.
Premisa
2 ª
La
universidad pública es un gran centro de derroche de recursos
públicos y crea licenciados como churros, cuya mayor motivación
es sacar unas oposiciones públicas. No se está cumpliendo
una función social.
Premisa
3 ª
La
sociedad demanda profesionales altamente cualificados en las distintas
áreas del conocimiento y en esa cualificación están
mucho mejor preparadas las universidades e instituciones privadas.
Conclusión
La
formación superior dejará de estar subvencionada
a fondo perdido por el estado y será impartida por centros
públicos o privados que compitan entre sí. El estado
aportará los créditos necesarios para cursar estudios
superiores; pero serán devueltos a lo largo de la vida
laboral del individuo.
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Objetivo
nº 1 : Optimizar recursos públicos
| Fase
1
Concienciación sobre la necesidad de un mejor aprovechamiento
del presupuesto público. |
Fase
2
Reasignación de funciones |
Fase
3
Toma de control estatal:
Presupuestos
y Dirección |
| La
ciudadanía entenderá perfectamente que subvencionar
los estudios superiores no es una obligación del Estado.
La
mejor forma de conseguir hacer desarrollar al alumno todo su potencial
intelectual es motivarlo con la esperanza de un futuro prometedor
en nuestro país, a la vez que formarlo en un entorno de alta
capacitación, de elevada exigencia intelectual y de relaciones
competitivas. Estos entornos están más claramente
definidos en los centros privados de enseñanza superior.
Nadie
que pruebe un talento suficiente para abordar la enseñanza
superior se quedará sin su oportunidad por razones económicas.
El Estado concederá créditos para la enseñanza
superior; pero serán devueltos en el tiempo, como debe ser.
Oportunidades para todos.
Se
evitará el enorme coste que supone la subvención de
los estudios superiores a cualquiera, que ni tenga otro interés
que el de ser funcionario o que se eternice en unos estudios para
los que no vale.
El
que quiera una carrera superior debe pagársela. El Estado
le ayudará; pero deberá devolverlo. Es la manera de
que se seleccione de forma natural a los que realmente valgan para
estudiar.
De
esta manera se evita que el país subvencione toda la carrera
del estudiante y luego éste se vaya al extranjero sin que
haya aportado nada a quien le formó. Si ha de marcharse que
se vaya; pero, al menos que devuelva lo que la sociedad invirtió
en convertirlo en lo que es. |
Los actuales universidades
públicas tendrán tres opciones:
1.-Convertirse
en centros de investigación pública, autonómicos
o estatales.
En esta opción abandonarán
la docencia al por mayor para convertirse en centros públicos
de alta especialización investigadora.
2.-Convertirse
en centros docentes superiores; pero sin cobertura presupuestaria
pública.
Es decir que se tendrán
que ganar su mantenimiento compitiendo con otros centros, a través
de la excelencia de su proyecto de formación académica
superior.
3.-Desaparecer
por falta de viabilidad.
Dado que se seleccionarán
los centros más idóneos para realizar la función
investigadora pública, aquellas universidades que no puedan
competir deberán dejar de serlo.
Tanto
los centros, edificios, instalaciones y personal actual serán
redistribuidos para adecuarlos a sus nuevas funciones.
No
habrá despidos involuntarios.
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El estado tomará
el control de toda la actividad docente superior a los efectos
de concesión de créditos a los estudiantes y de
la supervisión de títulos, creándose una
Agencia ministerial "ad hoc", llamada Club de
la Excelencia.
Todo estudiante que acceda
a la enseñanza superior podrá solicitar al Ministerio
la correspondiente línea de crédito para cursar
los estudios.
Esta línea de crédito
consistirá en la puesta a disposición de la institución
académica que elija, a través de entidades bancarias
colaboradoras, de las cantidades que oportunamente se devenguen
durante los sucesivos cursos, así como del mismo alumno
siempre que quede demostrado el fin al que se destinan, alojamiento,
libros, actividades paralelas, etc...
El Estado aportará
hasta un máximo de 60.000 € por alumno a lo largo
de toda la carrera, teniendo en cuenta la duración prevista,
debiendo ser devuelto el importe finalmente consumido en un máximo
de 25 años, al interés del euribor.
La devolución del
importe podrá realizarse bien con reembolsos puntuales,
bien a través de la cuota a pagar o devolver en el IRPF
y su funcionamiento será similar al de una hipoteca.
Al ser una política
prioritaria del Gobierno, éste podrá endeudarse
en lo que deba, no contabilizándose como gasto estas partidas
a efectos del mantenimiento del equilibrio presupuestario, ya
que son políticas de inversión en calidad de enseñanza
a largo plazo y con devolución.
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El
Club de la Excelencia Pública
El Gobierno de los Valientes
creará una agencia pública propia, dentro del
ministerio, para el estudio, financiación y ejecución
de la nueva política del conocimiento superior.
Este CEP será el encargado
de supervisar y dirigir la reasignación de las funciones
de los diferentes centros universitarios públicos actuales,
que pasarán a convertirse en:
1º Centros públicos
de alta investigación e innovación.
2º Centros de enseñanza
superior cualificada sn cobertura presupuestaria pública.
3º Otro tipo de centros,
con otras funciones, a determinar en coordinación con
las comunidades autónomas.
La elección de una u
otra función deberá hacerse teniendo en cuenta
la situación de cada centro, su trayectoria, historia
y experiencia, es decir todo su bagaje, con el fin de conseguir
una óptima reasignación.
El CEP se encargará de
gestionar todo el movimiento de dinero y créditos a los
estudiantes, en colaboración con las entidades bancarias
que se ofrezcan a ayudar al nuevo sistema.
Otra de las funciones importantísima
del CEP será la de conseguir el compromiso de los alumnos
más destacados con la política de investigación
e innovación del gobierno de los valientes. A tal fin
señalará los titulados que mejor puedan adecuarse
a los distintos programas y áreas de investigación
e identificará a los genios que no es conveniente que
se vayan a otros países, si no es temporalmente para
ampliar conocimientos y experiencias. No obligará a nadie
a quedarse y para ello les ofrecerá más de lo
que le hayan ofrecido, siempre y cuando merezca la pena el esfuerzo.
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Como
corolario a la presente Ley, el Estado central asumirá todas las
competencias en esta materia, no pudiendo ninguna comunidad autónoma
legislar en contra o entorpecer estas acciones. Las comunidades autónomas
podrán potenciar y estimular la competitividad en los centros de
sus territorios; pero sin que suponga subvención pública
directa alguna a ninguno.
Si
logramos estimular adecuadamente el talento de cada persona, conseguiremos
sacar todo lo bueno que tiene y ponerlo al servicio de los demás.
Entonces pasará a ser de los nuestros: Un Valiente
Cuidemos
al genio, no lo entorpezcamos, ni queramos igualarlo a los demás.
Ayúdanos
a mejorar la propuesta de ley con tus opiniones
pertinentes.
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