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Principios y Bases
Esta
materia queda declarada de especial utilidad y prioridad pública
nacional
Es
fundamental y absolutamente imprescindible la ordenación de las
aguas de que dispone el territorio español.
No
es de gobiernos inteligentes despreocuparse de las continuas sequías,
pretendiéndolas solucionar con parches provisionales, y confiar
todo al "ya lloverá". Estamos comprobando cómo
año tras año la sequía es más pertinaz y las
lluvias son más escasas, discontinuas y torrenciales. Amplias zonas
de nuestro país están sedientas y pasan veranos de auténtica
escasez de agua, bien para el riego agrícola y ganadero, para el
consumo humano e industrial y para el importantísimo sector turístico
y residencial que cubre el de ocio y las vacaciones.
Ante
este hecho consumado en su gravedad año tras año, un gobierno
de valientes no puede quedarse paralizado por lo que, ya que no podemos
hacer que llueva o nieve donde y cuando queramos, al menos sí que
va a ser nuestra voluntad hacer todo lo humanamente posible para que el
agua fluya por todo el territorio español.
Como
principio fundamental, el Estado Democrático y Social Español
proporcionará a sus ciudadanos e industrias todo el agua potable
pública que necesiten para su consumo, así como para el
desarrollo responsable de cuantas necesidades , proyectos y actividades
de cualquier índole que puedan llevar a cabo.
El
agua no es un producto de una comunidad autónoma o de un
territorio concreto, no tiene dueño, es de todos los españoles,
por eso la primera medida será declarar el agua de uso
universal y solidario.
No hay que
quedarse parado esperando a ver si llueve, por lo que las acciones
deben ser inmediatas y urgentes.
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El
Objetivo es llevar aguas sobrantes de la España más húmeda
a la España más seca
Actuaciones
Urgentes de Reordenación de Aguas en el todo el territorio
Español |
| Fase
1
Concienciación Ciudadana
y
Encarecimiento del Agua |
Fase
2
Estudio de Obras |
Fase
3
Ejecución |
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La ciudadanía
debe mentalizarse de que mantener una red pública de agua
potable es carísimo y que actualmente los Ayuntamientos están
soportando unos costes muy elevados que no se cubren con las escasas
tasas por aguas y depuración.
Será
castigado fuertemente el consumo de agua en exceso, tanto por las
personas como por las industrias.
Las
tasas de los Ayuntamientos deberán reflejar exactamente el
coste total del servicio y ser cubierto por los ciudadanos y empresas
según su consumo, de forma progresiva.
No
es solidario, ni productivo, ni justo, que las instituciones públicas
tengan que subvencionar el sistema del agua potable, manteniendo
unos precios y tasas tan bajos que no disuaden, en absoluto, del
derroche. |
Se van a promover todos
los estudios medioambientales precisos, que contemplen todo tipo
de opciones y proyectos, encaminados a trasvasar, por todos los
medios posibles, agua de la España húmeda a la España
seca y de forma definitiva y duradera.
Es decir que se va a contemplar
la realización de grandes y permanentes infraestructuras
que canalicen el agua sobrante en los finales de los ríos,
que cae inútil y mansamente en el mar, para trasvasarlo,
por superficie o por túneles hacia las zonas necesitadas.
El objetivo será
crear una red arterial de canales de agua que cubra todo el territorio
nacional.
El destino del agua trasvasada
será decidido por órganos públicos y deberá
tener como predilección:
1.-Garantía del consumo
humano
2.-Mantenimiento de la frondosidad
natural en las zonas en que no exista o esté en peligro,
a través de creación y conservación de grandes
espacios arbolados y de manto vegetal, fundamental para la retención
de humedad en el terreno y la llamada a nuevas lluvias.
3.-Industrias turísticas
y de producción intensiva, ya sea agraria o industrial.
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Una vez desarrollados y
estudiados los múltiples proyectos se elegirán aquellos
que garanticen una continuidad, una mayor permanencia en el tiempo
y una mayor facilidad de ejecución.
Todo el territorio nacional
público se podrá poner a disposición de la
realización de estas infraestructuras, contemplándose
la expropiación de terrenos en los casos en que sea absolutamente
necesario.
La financiación de
las obras tendrá un carácter público y privado,
a través de concesiones administrativas a largo plazo.
Al ser una política
prioritaria del Gobierno, éste podrá endeudarse
en lo deba, no contabilizándose como gasto estas partidas
a efectos del mantenimiento del equilibrio presupuestario.
El Gobierno aportará
la mano de obra necesaria proveniente de los recursos con que
cuente el ministerio del Ejército
y Servicios Civiles.
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Como
corolario a la presente Ley, el Estado central asumirá todas las
competencias en esta materia, no pudiendo ninguna comunidad autónoma
legislar en contra o entorpecer estas acciones. Las comunidades autónomas
deberán poner todo de su parte para la correcta ejecución
y finalización de las obras proyectadas.
Ahorremos
agua potable, consumamos con sentido común
Ayúdanos
a mejorar la propuesta de ley con tus opiniones
pertinentes.
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